Costes sociales del monopolio


En un mercado monopolista el precio tiende a aumentar, por lo que cabe esperar que el bienestar de los productores aumente y el de los consumidores disminuya. Pero si se otorga el mismo valor al bienestar de los productores y al de los consumidores, hay que averiguar si aumenta o disminuye el bienestar de la sociedad en su conjunto.


Aunque el Estado se llevase todos los beneficios del monopolista en impuestos y los redistribuyese entre los consumidores de sus productos, habría una ineficiencia porque la producción es menor que en condiciones competitivas.​ La pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por el poder de monopolio es ese coste social.


Además la empresa puede dedicarse a la búsqueda de rentas económicas:​ gastar dinero en esfuerzos socialmente improductivos por ejemplo para adquirir, mantener o ejercer ineficientemente su poder de monopolio, lo que también supone un coste social.


Para evitar los costes sociales el Estado interviene en la economía:​



Límites al poder del monopolista:

el Derecho de la competencia


El Estado limita el poder de mercado monopolista mediante la legislación antimonopolio; elaborando leyes y reglamentaciones destinadas a fomentar la competencia en la economía prohibiendo todo lo que puede acarrear algún tipo de ineficiencia en el mercado, limitando las estructuras de mercado permitidas. En estos casos despliega todos sus efectos antes de que se produzca finalmente el monopolio, puesto que se trata de evitar que finalmente se desarrolle una estructura ineficiente.


Sin embargo, existen ciertos casos en los que la regulación despliega sus efectos permitiendo el monopolio, y únicamente se limita a regularlo. Cuando la estructura más eficiente para un mercado sea un monopolio, es decir, estemos ante un monopolio natural, o bien cuando por política económica el estado quiera favorecer la existencia de una empresa que dirija un monopolio en un área concreta, lo ideal será reducir el poder del monopolista hasta el mínimo en el cual le sea rentable estar en el mercado. De esta forma el estado intenta, interviniendo en el mercado, paliar el abuso del poder de mercado del monopolista en beneficio de los consumidores en general.


Es un caso característico, por ejemplo, de los servicios públicos porque suelen acarrear altos costes fijos que propician economías de escala motivando que la solución más eficiente es que haya una sola empresa para que exista la mayor amortización posible de las infraestructuras que han sido necesarias para desarrollar la actividad (monopolio natural). Otras estructuras en las que se observa esta regulación posterior pueden caracterizarse, bien porque sea más rentable permitir la existencia de un poder de mercado, como en la competencia monopolística, o bien cuando no puede obligarse a que se realice otra conducta, como en el caso de la colusión implícita. En estos casos lo que trata la ley es de equiparar la situación del consumidor a la del monopolista, para que este ofrezca una mayor cantidad del productor y a un precio más bajo.


Por último encontramos los casos del monopolio estatal, en los que el estado decide crear un monopolio en un área concreta que considera estratégica (monopolio artificial). En ese caso la regulación es continua, al ser el estado la entidad que toma todas las decisiones por motivos políticos.


Prohibiéndolo: Debido a los costes sociales que conlleva, el monopolio se considera de forma genérica una estructura de mercado ineficiente, por lo que se trata de evitar que finalmente se produzcan concentraciones de poder de mercado. Para ello se desarrollan distintas prohibiciones sobre:​



Regulándolo: Si el monopolio resulta ser la estructura más eficiente posible para una determinada industria, se admite su existencia, dando lugar a un monopolio natural, pero se intenta reducir el poder de mercado adquirido por el monopolista hasta el mínimo posible, equiparando la situación del consumidor y del productor. Para ello se realizan diversas prácticas.


Por ejemplo, pueden forzar al monopolista a reducir su precio, estableciendo un precio máximo cercano al precio competitivo (lo que impide que exista una pérdida irrecuperable de eficiencia), o en el caso de las economías de escala provoca que se tenga que otorgar una subvención al encontrarse el precio competitivo por debajo de los costes medios), o acosando a impuestos al productor para luego repartirlo entre los consumidores (lo que de nuevo nos dejaría con el coste social de la pérdida irrecuperable de eficiencia), entre otras. En un primer momento eran los Ministerios de economía los encargados de regular el mercado nacional pero hoy día los acuerdos internacionales en materia económica conforman un entramado económico a partir del cual se regula de forma internacional.


Fomentándolo: De la misma forma, también pueden permitirse e incluso fomentarse la existencia de monopolios frutos del intervencionismo estatal, en cuyo caso estaremos ante un monopolio artificial. Esto suele responder a una política económica determinada del gobierno que puede responder a diferentes motivaciones. Dos ejemplos característicos son los derechos de autor o los estancos de tabaco.​


También siguiendo la tendencia intervencionista, el Estado puede nacionalizar o estatalizar monopolios, permitiendo así que el poder de mercado caiga en manos estatales y no privadas. El comunismo responde a este tipo de regulación. En la actualidad esta regulación basada en la estatización se encuentra en receso.


Tendencias sobre legislación: En relación a la necesidad de una normativa antimonopolio existen dos posturas clásicas al respecto. Los partidarios del intervencionismo estatal en la economía de mercado afirman la existencia de una serie de fallos de mercado, los cuales provocan que se desarrollen estructuras de mercado de este tipo que pueden consecuenciar la sumisión de los consumidores ante el poder de mercado del monopolista, lo que puede acarrear grandes desigualdades económicas y sociales, por lo que los únicos monopolios existentes (ya que se consideran inevitables en aquellas industrias que presentan economías de escala) deben de estar en manos del Estado. Estas corrientes encuentran su implantación más férrea en sistemas económicos socialistas y comunistas.​


Por otro lado los partidarios de las posturas liberales y neoliberales afirman que los únicos monopolios que se podrían mantener en el tiempo son los monopolios naturales que son los que conservan una eficiencia de Pareto y no hacen sino mejorar el mercado abaratando los costes y por tanto el precio del producto o servicio; y que el resto de estructuras monopolistas no son sino el resultado de monopolios artificiales precisamente fruto del intervencionismo estatal (por ejemplo, en el caso de una patente o un permiso único de producción). Estas corrientes encuentran su implantación más férrea en los sistemas económicos capitalistas.